#AntioquiaCuenta

Medellín, 16 de enero de 2026

Con el objetivo de mantener una red vial eficiente y segura, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia cuenta con sus contratos de atención a emergencias y mantenimiento de activos subregionales. Además, despliega personal técnico y maquinaria amarilla en diversos puntos del territorio para atender cualquier situación que pueda afectar la movilidad de los antioqueños.

Ver informe

Medellín, 15 de enero de 2026.

• Los mandatarios locales llamaron a la concertación para evitar mayor impacto en la economía, el turismo y la agroindustria del Suroeste.
• La Gobernación propuso otras salidas para evitar afectaciones a la población.

La Gobernación de Antioquia y los alcaldes de los municipios del Suroeste del departamento expresaron de manera conjunta su oposición al cierre vial que pretende realizar la concesión Pacífico 1 en el sector Las Areneras, en el municipio de Amagá, al advertir que esta medida generaría graves afectaciones a la movilidad regional, al turismo y al transporte de pasajeros y productos agrícolas.

“El cierre que está proponiendo Pacífico 1, es exagerado de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo en el sector y a unos métodos constructivos que desde la Secretaría de Infraestructura Física, con unos empresarios y con los ingenieros y los técnicos de la Gobernación, sugerimos que podemos disminuir el tiempo del cierre. Hay momentos en que se tienen que hacer los cierres, pero que no sean tan prolongados para no afectar más la economía de una región que viene siendo aporreada por la falta de transitabilidad por esta vía que es Pacífico 1”, indicó el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango.

La concesión Pacífico 1 informó que los cierres en Las Areneras iniciarían el próximo 27 de enero durante cinco horas diarias y al menos por 10 meses, con el fin de adelantar las obras de construcción del denominado Retorno 2 – Paso Nivel, una intervención contemplada dentro de las obligaciones ambientales y técnicas del corredor vial.

“Yo la verdad me opongo rotundamente a que esos trabajos se hagan en el día. Yo como alcalde de Amagá pido que se hagan estos trabajos entre las nueve de la noche y la una de la mañana y como lo dice el doctor Gallón, secretario de Infraestructura, hay otros sistemas constructivos que pueden llevarse a cabo para no afectar a la población, 400 mil habitantes nos vamos a ver afectados. Dicen los comerciantes del Suroeste, los que viven hoy del turismo, el cierre de la vía por cinco horas durante diez meses sería otra pandemia para nosotros”, expresó Wilser Molina, alcalde de Amagá.

Desde la Secretaría de Infraestructura se le hizo una propuesta al concesionario con la cual se evitarían cierres prolongados. Sebastián Castaño Gómez, subsecretario de Planeación, Proyectos Estratégicos y APPS, indicó que la propuesta contempla “aprovechar una vía veredal, que se encuentra antes de la montaña”, dijo.

Agregó que se debe retirar el material por la parte trasera “mientras se conecta con este sector que no obliga a ningún cierre. Esto garantizaría que los cierres no se tuvieran que hacer mientras se llega o se descarga gran parte de la montaña, y la cuña que quedaría adyacente a la vía, esa sí obligaría a unos cierres parciales y temporales eventualmente, pero se podrían iniciar los trabajos y garantizar un porcentaje muy alto de la ejecución que se requiere, sin necesidad de realizar los cierres en la vía antes mencionados”.

La Gobernación de Antioquia reiteró la petición al Gobierno Nacional a través de la ANI, y a la concesión Pacífico 1, para que avancen en los pendientes que tiene esta vía, la única de las 4G en el departamento que presenta múltiples retrasos en su ejecución, hecho que es motivo de preocupación ya que el Suroeste viene sufriendo desde hace más de seis años dificultades en su movilidad, con implicaciones negativas en los sectores productivos de la subregión.

Medellín, 15 de enero de 2026.

• Las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional: Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, adeudan al sistema 4.9 billones de pesos.
• El llamado urgente desde Antioquia es a que el Gobierno Nacional pague a las EPS para que se pongan al día con la cartera, que está ahogando a la red.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia alertó sobre la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud del departamento, debido a que la deuda acumulada que tienen las EPS con la red de hospitales públicos y privados asciende a 8 billones de pesos, de acuerdo con cifras consolidadas a septiembre de 2025.

La secretaria de Salud e Inclusión Social del departamento, Marta Cecilia Ramírez Orrego, calificó la situación de delicada y detalló que, de la deuda global, 6 billones de pesos se adeudan a la red privada y 2 billones de pesos a la pública.

Explicó que la crisis tiene como principal origen la cartera que tienen las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional: Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud, que en conjunto adeudan 4.9 billones de pesos al sistema público y privado. Esta situación está impactando de manera directa a cerca de 3 millones de afiliados que tienen estas tres EPS en Antioquia, quienes enfrentan las mayores barreras para acceder a servicios oportunos y de calidad.

“Los efectos ya son visibles en la operación del sistema: la ocupación de los servicios de urgencias supera el 100 % en todo el departamento —110 % en el Valle de Aburrá y 108 % en el resto de Antioquia—, mientras que el cierre de servicios de salud ha aumentado de forma preocupante: 877 en 2025 representados en camas hospitalarias, parte de las urgencias, algunos quirófanos, entre otros”, expresó la Secretaria de Salud, quien además resaltó que esta problemática ya tocó los bancos de sangre del departamento a los que se les adeudan 26 mil millones de pesos.

El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, explicó que esta entidad pasa por una crisis muy difícil, ya que su especialidad es la ortopedia y los precios de los insumos son elevados, lo que la ha llevado a deudas con los proveedores con la consecuente reducción de estos insumos para la atención de los pacientes.

"Son muchas las dificultades que tenemos. Una de ellas es el caso de una paciente de 79 años que atendemos en su estabilización desde el pasado sábado. La hemos tratado de remitir a otras instituciones, pero ningún hospital la quiere recibir debido a que Nueva EPS no ha pagado al hospital y tampoco a otras clínicas. Y este es uno de los muchos casos que tenemos. Desde el mes de octubre no hemos pagado el salario a 460 funcionarios, entre personal médico y asistencial. El llamado que hacemos a las EPS es que se pongan al día para poder responder con prontitud a pacientes y empleados” , aseguró el gerente.

Por su parte, Gustavo Adolfo Campillo, vocero de Pacientes Colombia se refirió a la situación de los usuarios, catalogándola de dramática dadas las dificultades en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, VIH, sin tratamiento por varios meses. “se está creando una crisis social y humanitaria que tenemos que afrontar más temprano que tarde”, indicó.

Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, puso en marcha el fortalecimiento del sistema con inversiones por 233 mil millones de pesos entre 2024 y 2025, destinadas a infraestructura hospitalaria, saneamiento fiscal y financiero, fortalecimiento institucional, dotación, tecnologías de la información, telemedicina y la Turbina de Crédito.

“La prioridad del Gobierno de Antioquia es proteger la vida y la atención en salud. Tenemos el programa Contigo Antioquia que llega a las zonas alejadas del departamento con especialistas, tenemos la Turbina de Crédito para los hospitales. Estamos haciendo un esfuerzo histórico para sostener la red hospitalaria y garantizar que los servicios no colapsen, pese a una crisis generada por las EPS intervenidas y las decisiones del Gobierno Nacional”, señaló Marta Cecilia Ramírez Orrego.

Reiteró su llamado al Gobierno Nacional, EPS y a las entidades responsables del aseguramiento para que se garantice el flujo de recursos, condición indispensable para preservar el derecho fundamental a la salud de millones de antioqueños.