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Medellín, 27 de enero de 2026.

La Asamblea de Antioquia aprobó el descuento por pronto pago del 10 % de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana hasta el día 10 de cada mes, a través de la página https://tasaseguridad.antioquia.gov.co/-.

Este beneficio aplica únicamente para el pago las liquidaciones mensuales del tributo durante la vigencia 2026 en los canales digitales dispuestos para ello. No aplica para la factura trimestral que se envía a los contribuyentes. En ese sentido, los sectores comercial, industrial, oficial y residencial de estratos 4, 5 y 6 que deseen acceder a este descuento tienen como fecha límite de pago el día 10 de cada mes.

Vale la pena recordar que trimestralmente se envía la factura de la Tasa de Seguridad con el valor a pagar por tres meses, para aquellos contribuyentes que no cancelan el tributo de forma mensual. Este año se enviará la factura en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Su pago es obligatorio, después de la fecha límite causa intereses de mora y puede conllevar a procesos de cobro coactivo.

Los recursos de la Tasa de Seguridad son de destinación específica para fortalecer la financiación de la seguridad en Antioquia. En 2025, la Gobernación entregó 49 camionetas 103 motocicletas, un camión, una lancha, 4 motores de 90 caballos de fuerza, 10 motores de 200 caballos de fuerza, 574 cascos balísticos, 706 chalecos antibalas 11 radios Harris, entre otros elementos de intendencia a la Fuerza Pública.

Próximamente, se entregarán camionetas blindadas, radios de comunicación, drones, sistemas antidrones, equipos GPS, camisetas balísticas, y capacidades fluviales como un bote apóstol, un bote de apoyo y seis botes adicionales.

Para este año, además, está prevista la adecuación de 25 estaciones de Policía que están en mal estado y el mejoramiento de 261 escenarios deportivos para la convivencia ciudadana en 114 municipios.

Medellín, 26 de enero de 2026.

• Estos hechos violan el Derecho Internacional Humanitario y vulneran los Derechos Humanos al afectarse el derecho a la salud de la población y el derecho a la educación de los niños.
• El Gobernador Andrés Julián solicitó al Ejército que retome cuanto antes el control de la zona rural del municipio.

La Gobernación de Antioquia expresó su rechazo por los enfrentamientos armados que se vienen registrando desde el pasado sábado entre las disidencias de alias “Calarcá” y el Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Briceño, que ponen en riesgo la atención en salud y la educación de la comunidad y que representan una vulneración a los Derechos Humanos y una violación al Derecho Internacional Humanitario – DIH.

El Gobernador Andrés Julián aseguró que el Ejército debe mantener su presencia en la zona rural de Briceño para garantizar la seguridad de la población. “¡Los campesinos de las zonas más lejanas de Antioquia merecen una vida segura! Desde octubre pasado el Ejército se comprometió a quedarse. Sin embargo, se retiró a cubrir posiciones en otro Departamento. Al Ejército le pedimos que no se vaya hasta que garantice la seguridad de los campesinos en esa zona”, aseguró el mandatario.

Desde el primer momento en que se conocieron los hechos, el Gobierno Departamental realizó un Consejo de Seguridad para articular a la Fuerza Pública y a las autoridades competentes. Se pidió reforzar la seguridad en la zona y proteger a la población civil del municipio de Briceño.

Estos combates han afectado de manera directa el normal funcionamiento del Centro de Salud de la vereda El Roblal, limitando la atención médica de la comunidad aledaña, pues el personal de la salud tuvo que salir de la zona. Así mismo, se vulneró el derecho fundamental a la educación en 28 sedes educativas, poniendo en riesgo la continuidad académica de 375 estudiantes, quienes tuvieron que suspender las clases presenciales y continuarán con educación semiescolarizada.

La Gobernación de Antioquia reiteró que ningún actor ilegal puede arrogarse el control de los territorios ni someter a las comunidades al miedo, el confinamiento o el desplazamiento. La salud y la educación son derechos inviolables que deben ser respetados en todo momento, conforme a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario – DIH.

Medellín, 26 de enero de 2026.

• Ante la autorización del Gobierno Nacional para erradicar cultivos, donde grupos armados obligan a campesinos sembrar coca, se pidió avanzar en erradicación en las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste.
• Desde 2013, cuando se reportaron 911 hectáreas de coca sembradas en Antioquia, los cultivos han aumentado más de veinte veces.
• Esta tarea es urgente en la lucha contra los carteles de la droga y causantes de violencia, homicidios, desplazamientos y confinamientos, toda vez que los grupos ilegales se apropian de estas rentas para sostener su accionar delictivo y enriquecerse.

El Gobernador Andrés Julián solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho, que preside el Consejo Nacional de Estupefacientes, disponer de lo necesario para proceder con la erradicación focalizada de cultivos ilícitos, mediante aspersión terrestre doselar con drones, en Antioquia. 

A través de una carta, enviada esta semana, el mandatario departamental justificó su solicitud con base en la autorización que dio el Gobierno Nacional para ejecutar erradicación de cultivos en los lugares donde los grupos armados ilegales obligan a los campesinos a sembrar hoja de coca. 

Explicó que los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento concentran la mayor densidad de hectáreas de coca sembradas en el departamento, con evidentes patrones de continuidad geográfica en corredores estratégicos. Además, señaló que en el año 2013 se reportaron 911 hectáreas, mientras que para 2023 la cifra aumentó más de veinte veces. 

Ante ese panorama, el Gobernador priorizó la erradicación en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste. La Gobernación de Antioquia está atenta y dispuesta a acompañar y apoyar el desarrollo de esta tarea.

“Esta tarea que es urgente en la lucha contra el narcotráfico. Se trata de rentas ilegales que son oxígeno para criminales de distinto pelambre y que son causantes de violencia, desplazamiento, confinamientos y homicidios”, señaló el mandatario de los Antioqueños.