Antioquia fortalece la sostenibilidad y educación ambiental en las aulas con la iniciativa de Ecoescuelas
Medellín, 3 de junio de 2025.
La Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza No. 10 que consolida la iniciativa de Ecoescuelas, una estrategia de educación ambiental sostenible que articula e integra propuestas ambientales y sostenibles en las instituciones educativas del Departamento. El objetivo central es formar ciudadanos críticos, comprometidos con la protección del medio ambiente y capaces de aportar a la transformación sostenible de sus comunidades.
"Hemos venido trabajando en mejorar las infraestructuras educativas teniendo criterios ambientales, racionalidad en el uso de energías, manejo de residuos sólidos y todo el tema de riesgo escolar en cuanto a desastres. Esta ordenanza, recoge todo eso y le pone una sombrilla que se llama Ecoescuelas, no solo a los temas de infraestructura física, sino también pedagógica, para entender la importancia de lo que significa la sostenibilidad, los recursos naturales renovables y sobre todo en una ruralidad como la de Antioquia", afirmó el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez.
Con esta iniciativa, las nuevas construcciones y mejoramientos en infraestructura educativa podrán incorporar criterios de sostenibilidad como sistemas para el ahorro de agua y energía, el manejo adecuado de residuos, la recolección de aguas lluvias y la creación de puntos ecológicos y huertas escolares. También, incentiva a las instituciones educativas a promover una formación ambiental integral que fortalece la conciencia ecológica, el pensamiento crítico y el compromiso social de estudiantes, docentes y comunidades.
Las instituciones podrán desarrollar proyectos pedagógicos enfocados a la sostenibilidad, conservación del patrimonio natural y tecnologías limpias. En Antioquia 438 sedes educativas cuentan con iniciativas de huertas ecológicas y 58 instituciones tienen paneles solares.
Las Ecoescuelas también integran y fortalecen la gestión del riesgo, implementado por ley en el país, para que las instituciones educativas hagan sus análisis de riesgos, adopten diseños sismo resistente, establezcan planes de prevención y respuesta ante desastres, y capaciten a su comunidad educativa en protocolos de emergencia.
