OBJETIVOS

COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA: construir la competitividad de Antioquia desde las subregiones y las localidades, dado que los procesos productivos son fundamentalmente locales, mientras que los mercados son más globalizados, y considerando la gran contribución de la infraestructura física a la competitividad sistémica territorial del departamento. El bajo desempeño empresarial en algunas subregiones, hace que las redes empresariales representen gran alternativa frente a la falta de oportunidades y dotaciones básicas por fuera del Valle de Aburrá. Las redes empresariales permiten la disminución en los costos de producción, debido a la compra de materias primas al por mayor y al aumento de la capacidad de negociación a partir de la estandarización y la comercialización a gran escala; aumentos en la cadena de valor, al acceder a tecnologías e infraestructuras que individualmente son inaccesibles, y mejores condiciones de financiamiento, entre muchos otros beneficios.

LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO: contribuir al desarrollo del campo como uno de los ejes centrales de política pública territorial tanto nacional como departamental. De este modo, el Plan Departamental de Desarrollo se alinea con los conceptos de Nueva Ruralidad, Equidad del campo y Desarrollo Humano Sostenible para los campesinos, en los cuales el propósito fundamental consiste en garantizar oportunidades y derechos económicos, sociales y culturales a los habitantes rurales, para que tengan la opción de vivir dignamente, teniendo en cuenta el ordenamiento del territorio rural, la provisión de bienes y servicios, y la concertación interinstitucional, de modo que pueda aumentarse la productividad y la competitividad y se cierren las brechas de exclusión, para lograr la inclusión socio - productiva de esta población rural y mejorar sus condiciones de vida, reconociéndolos como sujetos de derechos y actores de su propio desarrollo.

EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL: ampliar las opciones de movilidad social como mecanismo necesario para asegurar la igualdad de oportunidades, para lo cual se hace necesario que el logro de vida de las personas no sea determinado por características de su posición socioeconómica, género, religión o color de piel, y que todos los individuos puedan contar con educación, salud, opciones laborales y acceso al crédito, como prerrequisitos básicos para poder competir socialmente en igualdad de condiciones. El reto es reducir la desigualdad para contribuir a una mayor equidad y a una paz más duradera. De este modo, se busca superar la discriminación que existe hoy contra poblaciones vulnerables y reducir las brechas presentes en nuestro sector rural. Ello significa disminuir las desigualdades mediante la mitigación de la influencia de los factores iniciales y crear oportunidades de reconocimiento y pleno desarrollo, lo cual conlleva instalar capacidades en los municipios con debilidades detectadas y prestarles la asistencia y asesoría necesarias.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: orientar un adecuado manejo y uso sustentable de los recursos naturales en el departamento, trabajar en la construcción de una mayor cultura ambiental, fortalecer la capacidad de respuesta frente a las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que genera, especialmente, el cambio climático y hacer realidad procesos inéditos de desarrollo sostenible en los que la cultura del cuidado, la innovación y las comunidades locales y regionales adquieran un papel protagónico. Igualmente, asumir el agua vital como eje transversal y elemento estructurante, de soporte, de articulación, proveedor e integrador que promueve el crecimiento económico y desarrollo social de una región, afectando los patrones de vida y culturas regionales, por lo que se identifica como elemento predominante en el desarrollo de las comunidades y factor indispensable de desarrollo regional y nacional.

SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: reconocer los derechos humanos en su sentido integral como desarrollo humano, y atender la resolución de los diversos conflictos originados por actores armados, organizaciones delincuenciales, conflictos cotidianos y sectores marginales, lo cual supone retos a enfrentar desde las estrategias de promoción, prevención, atención y reparación, en la búsqueda de una convivencia que reconozca la justicia formal y no formal, dando origen a la posibilidad de que ésta pueda llegar a todas las instancias de la sociedad, más en un momento coyuntural como el del pos conflicto, el cual conlleva la urgencia de atender grupos que dejarán las armas para insertarse en comunidades establecidas. De este modo y desde criterios de seguridad y convivencia se fortalecerá la institucionalidad existente, aplicando los mecanismos de promoción y prevención en la comunidad, fortalecida a través de la articulación interinstitucional, mejoramiento de infraestructura, generación de sistemas de información, acompañamiento a las víctimas en su individualidad y colectividad, articulación de las diferentes estrategias del Estado desde lo municipal, departamental, nacional y la cooperación internacional, para que la anhelada paz de la comunidad antioqueña sea una realidad posible.

PAZ Y POSCONFLICTO: formular, adoptar, articular, ejecutar, coordinar y acompañar las políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan a la Paz dentro del marco del posconflicto de la población antioqueña. En este contexto, el concepto de Paz se entiende como un proceso de construcción colectiva. El posconflicto no se puede limitar a un escenario específico o tipo de población, sino que tiene que ser enfocado a la sociedad en su conjunto, porque lo que se busca es la restitución de los derechos de hombres y mujeres, orientada a la resignificación del territorio, y a la resignificación de ser sujeto y ciudadano. De este modo, el posconflicto implica ejes transversales a nivel de formación y capacitación, y se entiende desde la dinámica de reconstrucción del tejido social, aprovechando experiencias como lecciones aprendidas que resultan cruciales para que este proceso histórico permita alcanzar la visión de una Colombia en Paz.

GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO: avanzar en la gobernanza y las prácticas de buen gobierno por parte del ente departamental, a fin de responder no sólo por el cumplimiento de sus funciones y competencias legales, sino también de adaptarse a un entorno cambiante en el que es fundamental contar con altos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, como condición para garantizar resultados consistentes y pertinentes a los requerimientos de la ciudadanía y las demás partes interesadas.

Con base en lo anterior, la Gobernación de Antioquia debe enfrentar importantes desafíos en materia de direccionamiento estratégico, fortalecimiento institucional, la planeación y gestión de las TIC, el bienestar laboral y calidad de vida de los servidores, los pensionados y sus familias y la consolidación de un modelo de gobierno de cara a la ciudadanía. Afrontar adecuadamente estos desafíos permite contar con una administración pública departamental competitiva, capaz, participativa, ágil, eficiente y eficaz, orientada a servir a los ciudadanos y óptima para interrelacionarla con diferentes sectores tanto públicos como privados del orden local, nacional e internacional. El ejercicio de buen gobierno se centra en la interacción entre direccionamiento estratégico, responsabilidad y gerencia de calidad, en un contexto ético y transparente.