Medellín, 26 de junio de 2024. 

-Esta práctica afecta la salud y genera un impacto en la reducción de los ingresos por Impuesto de Degüello.

-Mediante foros subregionales, se busca que las autoridades locales se comprometan a intervenir para soluciones conjuntas

Ante el incremento del sacrificio ilegal de animales en espacios que no garantizan la salubridad de la carne y generan una reducción de los ingresos por impuesto de degüello, se reunieron en una mesa de trabajo representantes del sector ganadero en el departamento, con el fin de analizar esta problemática y establecer rutas de acción para atenderla.

Según los datos recopilados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre los años 2022 y 2023 se pasó de 451.594 a 427.758 bovinos sacrificados, una diferencia de 23.863, lo que indica el incremento del sacrificio ilegal que se traduce en una pérdida en ingresos para el Fondo de Impuesto de Degüello de más de 3.177 millones de pesos.

“Lamentablemente el sacrificio ilegal se ha venido disparando y eso pone en riesgo la salud de los antioqueños, el propósito es que la carne que consuman los antioqueños sea producida y llegue a sus mesas en condiciones de salubridad e inocuidad”, expresó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rosa Acevedo.

La funcionaria departamental destacó que entre las estrategias que serán implementadas para atacar la problemática están los foros subregionales con la presencia de mandatarios municipales, secretarios de gobierno, ICA, Invima, Procuraduría Provincial Agraria, entre otros, para visibilizar esta situación y generar soluciones conjuntas que aporten a la erradicación y minimización de sus impactos negativos.

La Secretaria de Agricultura agregó que además de afectar la salud, el sacrificio ilegal genera gran impacto en la reducción de los ingresos por impuesto de degüello, lo que reduce las posibilidades de inversiones previstas para atender el Plan de Modernización de la Ganadería, e impide que ese impuesto se reinvierta en el sector, en la implementación de sistemas silvopastoriles y de ganadería sostenible y regenerativa en nuestro departamento.

José Cárdenas, gerente del Frigorífico de Urabá, señaló las dificultades que esta práctica ilegal trae a las plantas de beneficio animal legalmente constituidas y explicó que esta situación se ha visto reflejada en la disminución de los animales que ingresan a los frigoríficos y por ende, en la reducción de los ingresos con sus correspondientes consecuencias como la pérdida del empleo formal, además de los problemas de salud pública. "Esto porque está llegando carne en condiciones no aptas para el consumo humano a la mesa de los antioqueños”, dijo.

En la reunión estuvieron representantes de plantas de beneficio de San Carlos, Puerto Triunfo, Cañasgordas, Fredonia, Sonsón, Bello, Policía Ambiental, Porkcolombia, Central Ganadera, y por parte de la Gobernación de Antioquia, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Hacienda.

Medellín, 26 de junio de 2024. 

-Esta práctica afecta la salud y genera un impacto en la reducción de los ingresos por Impuesto de Degüello.

-Mediante foros subregionales, se busca que las autoridades locales se comprometan a intervenir para soluciones conjuntas

Ante el incremento del sacrificio ilegal de animales en espacios que no garantizan la salubridad de la carne y generan una reducción de los ingresos por impuesto de degüello, se reunieron en una mesa de trabajo representantes del sector ganadero en el departamento, con el fin de analizar esta problemática y establecer rutas de acción para atenderla.

Según los datos recopilados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre los años 2022 y 2023 se pasó de 451.594 a 427.758 bovinos sacrificados, una diferencia de 23.863, lo que indica el incremento del sacrificio ilegal que se traduce en una pérdida en ingresos para el Fondo de Impuesto de Degüello de más de 3.177 millones de pesos.

“Lamentablemente el sacrificio ilegal se ha venido disparando y eso pone en riesgo la salud de los antioqueños, el propósito es que la carne que consuman los antioqueños sea producida y llegue a sus mesas en condiciones de salubridad e inocuidad”, expresó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rosa Acevedo.

La funcionaria departamental destacó que entre las estrategias que serán implementadas para atacar la problemática están los foros subregionales con la presencia de mandatarios municipales, secretarios de gobierno, ICA, Invima, Procuraduría Provincial Agraria, entre otros, para visibilizar esta situación y generar soluciones conjuntas que aporten a la erradicación y minimización de sus impactos negativos.

La Secretaria de Agricultura agregó que además de afectar la salud, el sacrificio ilegal genera gran impacto en la reducción de los ingresos por impuesto de degüello, lo que reduce las posibilidades de inversiones previstas para atender el Plan de Modernización de la Ganadería, e impide que ese impuesto se reinvierta en el sector, en la implementación de sistemas silvopastoriles y de ganadería sostenible y regenerativa en nuestro departamento.

José Cárdenas, gerente del Frigorífico de Urabá, señaló las dificultades que esta práctica ilegal trae a las plantas de beneficio animal legalmente constituidas y explicó que esta situación se ha visto reflejada en la disminución de los animales que ingresan a los frigoríficos y por ende, en la reducción de los ingresos con sus correspondientes consecuencias como la pérdida del empleo formal, además de los problemas de salud pública. "Esto porque está llegando carne en condiciones no aptas para el consumo humano a la mesa de los antioqueños”, dijo.

En la reunión estuvieron representantes de plantas de beneficio de San Carlos, Puerto Triunfo, Cañasgordas, Fredonia, Sonsón, Bello, Policía Ambiental, Porkcolombia, Central Ganadera, y por parte de la Gobernación de Antioquia, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Hacienda.

Medellín, 25 de junio de 2024. 

-Antioquia invertirá este año recursos superiores a los 207 mil millones de pesos, en 15 proyectos en los municipios más afectados por el conflicto armado.

-Entre los proyectos se destacan mejoramientos de vías terciarias y secundarias, infraestructura educativa y de servicios públicos, así como dotación para instituciones educativas y escenarios deportivos.

-El próximo año, Antioquia le apuntará a quedarse con el 70% de los recursos de la bolsa para estos proyectos a nivel país.

El gobernador Andrés Julián se reunió este martes con un grupo de alcaldes de zonas afectadas por el conflicto y empresarios que financiarán 15 proyectos este año, mediante el mecanismo de obras por impuestos.

Antioquia es el departamento que más proyectos ejecuta intervenciones por este mecanismo. Este año se van a realizar 15 proyectos que suman más de 207 mil millones de pesos. El 44% de la inversión se destinará a transporte, el 42% a educación, 12% a infancia, y 2% a vivienda, ciudad y territorio. La estructuración y ejecución de estos proyectos se logra gracias al trabajo conjunto de los sectores público y privado. 

"Aprovechemos la capacidad que tiene Proantioquia y vayamos por el 70% que tiene la bolsa de obras por impuestos, aquí tenemos la capacidad de estructurar más proyectos y enfoquémonos en infraestructura educativa, vías y saneamiento básico. Lo que ustedes hacen es muy poderoso y será más poderoso", destacó el gobernador Andrés Julián al agradecerle a los empresarios su compromiso.

Por su parte, María Bibiana Botero, presidenta ejecutiva de Proantioquia, destacó que el 80% de los proyectos de este año son producto de la plataforma público-privada que lidera Proantioquia y que cuenta con 42 empresas y 17 aliados. “Antioquia ha tenido el 19% del total de los proyectos y el 30% de la cuantía nacional desde que el mecanismo se creó. Nosotros tenemos mucho por hacer en Antioquia; el cupo Confis hace dos años era de 250 mil millones de pesos y fue ampliado a 1 billón de pesos y a hoy no se han asignado 450 mil millones en recursos, ahí tenemos una gran oportunidad para que Antioquia vaya por más”, dijo.

Obras por Impuestos es un mecanismo creado para que los contribuyentes puedan invertir parte de su impuesto de renta en la ejecución de proyectos con impacto social y económico en las zonas más afectadas por el conflicto. En Antioquia, 55 municipios son Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto) y 24 municipios son PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y es en estos territorios donde se focalizan las inversiones.

Entre los proyectos a ejecutarse este año se destacan: mejoramiento de la infraestructura vial, implementación de tecnologías digitales en instituciones educativas, dotación de implementos deportivos y recreativos, construcción de infraestructura educativa, mejoramiento de servicios públicos, entre otros.

"En Grupo Nutresa hemos encontrado en este mecanismo una gran oportunidad para trabajar conjuntamente con el sector público, aportando nuestras capacidades, con el fin de hacer realidad proyectos de beneficio social en las áreas más afectadas por el conflicto armado con la celeridad, calidad y transparencia necesarias. Este proyecto conjunto con la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Educación Nacional, es un nuevo ejemplo de alianza público-privada para generar desarrollo, adelantado con criterios de integridad, sostenibilidad y búsqueda del bien común", precisó Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa.

De 2020 a la fecha, las inversiones de Obras por Impuestos han venido creciendo en el departamento y suman 515.427 millones de pesos: 29.935 millones de pesos en 2020, 56.110 millones de pesos en 2021, 86.199 millones de pesos en 2022, 135.615 millones de pesos en 2023 y 207.569 millones de pesos en 2024.

Puerto López - El Bagre, 25 de junio de 2024. 

-Ante las intimidaciones a la comunidad por parte de los grupos armados ilegales, el gobernador se desplazó al Bajo Cauca en compañía del secretario de Seguridad y Justicia, la secretaria de Asuntos Institucionales, la Fuerza Aérea y los comandantes de la Séptima División del Ejército y la Policía Antioquia.

-Efectivos del Ejército y de la Policía Nacional continuarán en la zona de Puerto López.

El gobernador Andrés Julián estuvo en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, para atender de primera mano las denuncias de los antioqueños por intimidaciones de los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona. El mandatario llegó al sitio en compañía del secretario de Seguridad y Justicia, BG (r) Luis Eduardo Martínez; la secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia, Lina Cuartas; el alcalde de El Bagre, Marco Fidel Trespalacios; el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, brigadier general Juan Carlos Fajardo, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Martínez y uniformados de la Fuerza Aérea. 

“No nos dejemos, aquí unidos tenemos que avanzar y progresar. Vienen los proyectos con la salud y las vías, además de todos los planes del alcalde que nosotros estamos obligados a acompañar. De nada servirá eso si los bandidos, con una sola llamada, con un solo mensaje, tienen la capacidad de encerrarnos en nuestras casas. No nos dejemos, los bandidos siempre son cobardes, por eso se esconden detrás de las armas y no ponen la cara. No nos dejemos que nosotros somos más y unidos hacemos la fuerza para que, con la compañía de las instituciones, el Ejército y la Policía, podamos mantenernos tranquilos”, expresó el Gobernador a la comunidad de Puerto López.  

El mandatario departamental anunció a los habitantes del corregimiento que efectivos del Ejército y de la Policía continuarán haciendo presencia en la zona para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población. Además, pidió confianza en las autoridades para no ceder ante la presión de los ilegales. “En medio de estas circunstancias tan difíciles, volvamos a la normalidad, abramos los negocios, volvamos a trabajar. Aquí va a estar el Ejército y la Policía para acompañarlos en la vida rutinaria. Ellos tienen, como pocos colombianos, un gran valor en su corazón para protegernos y perseguir el crimen y el delito”, agregó el gobernador.  

A través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Gobernación de Antioquia denunciará estas intimidaciones a la población civil ante el mecanismo de verificación de cese al fuego. Lo ocurrido en Puerto López es otro grave hecho que viola el DIH y atenta contra la vida y la tranquilidad de los antioqueños. En lo corrido del año se han reportado 35 posibles violaciones por parte de los grupos armados ilegales que sostienen diálogos con el Gobierno Nacional en el departamento, en el marco de la denominada Paz Total.  

La Secretaria de Seguridad y Justicia llegará con sus Jornadas de Acceso a la Justicia y Servicios Integrales para enviar un mensaje de institucionalidad, respaldo y presencia en el corregimiento.